Comentario

La guerra de Cuba condicionó intensamente la trayectoria política del Sexenio. El Grito de Yara inició el conflicto secesionista cubano, a las órdenes de Carlos María de Céspedes. Si tenemos en cuenta la importancia económica y política de la isla, bien en términos de llegada de capitales privados, hacendísticos, bien porque había sido cantera para importantes mandos militares, la Guerra de los Diez Años tuvo derivaciones fundamentales en la política interior metropolitana. A lo largo del Sexenio se produjo una asintonía evidente entre aquellos Gobiernos de la metrópoli que auspiciaron proyectos reformistas respecto a Cuba, sobre todo la cuestión de la trata y la abolición de la esclavitud, y el poderoso grupo propeninsular de comerciantes españoles en Cuba, que apoyaría resueltamente un viraje conservador en la política española, como medio de preservar enteramente el statu quo colonial. De ahí a medio plazo, este grupo acabaría por sostener la Restauración borbónica, como condición indispensable para el restablecimiento de la afinidad de intereses y objetivos entre los Gobiernos metropolitanos y ellos mismos. No existe duda sobre el enorme poder que adquirió el grupo propeninsular durante la Guerra de los Diez Años, consecuencia lógica de su situación privilegiada en decenios anteriores, que ahora se verá ampliada por el conflicto bélico y por la mayor cohesión del grupo al enfrentarse a las políticas reformistas que emanaban de la España del Sexenio.
A partir de 1868 el grupo peninsular, ampliado con nuevas adhesiones significativas, como la de Antonio López y López, futuro marqués de Comillas, controló, aún más si cabe y más abiertamente, los centros vitales de decisión política y económica de la isla. La guerra se empantanó sin que se viera, a corto plazo, la solución del conflicto.

El 3 de agosto de 1868 en la hacienda de San Miguel de Rompe, Tunas, tuvo lugar la reunión preparatoria de la sublevación de los independentistas, gestada desde tiempos anteriores y acelerada por la rebelión de Lares en Puerto Rico, el 23 de septiembre. A primeros de octubre Carlos María Céspedes recibió la jefatura de la insurrección, que estalló el 10 de octubre de 1868 en Yara. El Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas las naciones, expone el cuaderno de agravios contra la metrópoli y el programa de la insurrección. Las críticas políticas a la dominación española se entremezclan con el rechazo al sistema fiscal y a las trabas del libre comercio, mientras que la victoria desembocaría en la instalación de un sistema político liberal, la práctica del librecambio comercial y la emancipación de los esclavos.

Pronto la guerra se extendió por diversos puntos de la Isla. Mientras tanto, el capitán general de Cuba, Lersundi, se negó en las primeras semanas a reconocer la autoridad del Gobierno provisional de la metrópoli, proclamando su fidelidad a la reina destronada. No dejaba de ser la expresión del temor de los grupos peninsulares de la Isla de que las reformas de la Península alcanzaran a Cuba, alterando las estructuras coloniales.

La política de apaciguamiento se hizo imposible y la radicalización de los propeninsulares y de los insurrectos alargó el conflicto, cada vez más localizado en el oriente de la Isla. Los independentistas, contando con el apoyo de Estados Unidos, aprobaron una Constitución en abril de 1869, confirmando a Céspedes como presidente de la República de Cuba en armas. La guerra se convirtió en una sangría permanente, sin que los sucesivos capitanes generales, como Caballero de Rodas o Concha, pudieran dominar la situación, ni los insurrectos, con fuertes tensiones internas, inclinar la balanza a su favor. Fue más allá de los límites cronológicos del Sexenio, en febrero de 1878, cuando el general Martínez Campos logró un acuerdo de compromiso con los rebeldes: la Paz de Zanjón. La guerra supuso para España unas pérdidas superiores a los 130.000 hombres y un coste económico cuantioso para las arcas del Estado, aunque comerciantes privados, de ambos lados del Atlántico, obtuvieron pingües beneficios en el avituallamiento y conducción del ejército o en la financiación del conflicto.

Por otra parte, la Guerra de los Diez Años tuvo una evidente dimensión internacional, sobre todo asociada a Estados Unidos, siempre muy interesados en reforzar su presencia en la Isla, cuando no en su incorporación a la Unión. En este contexto habían coincidido, en los años cuarenta, con un sector de las elites económicas y políticas cubanas, que valoraron la preservación del sistema esclavista con su entronque con Estados Unidos, ya que en el sur del país se utilizaba el mismo sistema de trabajo. Progresivamente, el anexionismo fue perdiendo fuerza. Los últimos rescoldos quedaron apagados por el final de la Guerra de Secesión y la emancipación de los esclavos negros sureños.

En esta dimensión internacional se enmarcaría el esbozo de negociaciones hispano-norteamericanas de 1869. En el mes de agosto llegó a Madrid el general norteamericano Sickles con el objetivo de negociar la independencia de Cuba, de acuerdo al contenido elaborado por Fisch, secretario de Estado: "El presidente de la República os encarga que ofrezcáis al gabinete de Madrid los buenos oficios de los Estados Unidos, para poner término a la guerra civil que devasta a la isla de Cuba, con arreglo a las siguientes bases:

1°- Reconocimiento de la independencia de Cuba por España.

2°- Cuba pagará a la metrópoli, en los plazos y formas que entre ellas se estipularán, una suma en equivalencia del abandono completo y definitivo por España de todos sus derechos en aquella isla, incluso las propiedades públicas de todas clases.

3°-Abolición de la esclavitud.

4°-Amnistía durante las negociaciones".

El plan no llegó a prosperar a pesar de que Prim se planteaba, al menos como hipótesis, el posible abandono de Cuba. No obstante, el haz de intereses de todo tipo, y sobre todo económicos, en ambas direcciones, hacía improbable un acuerdo de esta naturaleza.